Madrid, 6 de septiembre de 2012.- Ante la inminente celebración del juicio oral del caso Prestige, que tendrá lugar del 16 de octubre al 31 de mayo en A Coruña y que implica a partes e inculpados de nacionalidad extranjera, AICE (Asociación de Intérpretes de Conferencia de España) subraya la necesidad de contar con intérpretes de probada experiencia y con un profundo conocimiento de la terminología marítima y procesal con el fin de prestar un servicio a la altura de un proceso de esta magnitud.
En épocas de crisis como las actuales, en la adjudicación de contratos es fácil caer en la tentación de utilizar el precio como único criterio de valoración. En el caso de la interpretación judicial, el servicio de interpretación suele adjudicarse a empresas particulares que, para maximizar beneficios, contratan a personas sin cualificación dispuestas a percibir solo una fracción de los honorarios de un intérprete profesional.
Cierto es que la única norma española que estipula los requisitos que deben cumplir los intérpretes en el orden jurisdiccional penal se remonta al año 1882 (Ley de Enjuiciamiento Criminal). Según esta norma, «los intérpretes serán elegidos entre los que tengan títulos de tales si es que los hubiere en el pueblo y, en su defecto, un maestro del idioma en cuestión. Si todo lo anterior falla, cabe nombrar a cualquier persona que entienda el idioma».
AICE teme que si la contratación de los intérpretes del juicio del Prestige se atiene únicamente a dicha ley, se podrían violar los derechos fundamentales de los acusados, recogidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aprobado por el Consejo de Europa en 1950 y, sobre todo, hacer un lastimoso papel ante la Comunidad Internacional, que estará pendiente de las diligencias del proceso más relevante celebrado en España después del juicio del 11-M.
Lamentablemente en España hemos tenido demasiados casos de malas prácticas de empresas mediadoras que, aprovechándose de las lagunas jurídicas existentes, contratan sistemáticamente como intérpretes a personas no sólo sin cualificación, sino que ni siquiera dominan correctamente el español. En este sentido, en un informe de 2009, la magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga, titular del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, alerta sobre los riesgos que entraña la contratación de intérpretes no profesionales, que han cometido errores palmarios como confundir «puñetazo» con «puñalada», o «tocamientos» con «caricias», por mencionar sólo unos pocos ejemplos.
Por todo ello, AICE insta a las autoridades judiciales gallegas a que hagan un esfuerzo por contratar una interpretación de nivel profesional durante el juicio, garantizando así un proceso eficaz desde el punto de vista de la comunicación multilingüe, y transmitiendo al mundo una imagen de rigor y profesionalidad para evitar que un nuevo desastre asociado al Prestige ensucie otra vez la imagen de Galicia.
AICE formula esta advertencia con conocimiento de causa, ya que sus miembros cubrieron con éxito el juicio por el hundimiento del Prestige celebrado ante la jurisdicción estadounidense a raíz de la demanda civil del Reino de España contra la sociedad de clasificación ABS, y son profundos conocedores de la dificultad técnica y la carga emocional del caso.
